Publicado el 29 mayo, 2026 por Mariana Flores
Hay una diferencia fundamental entre que un estado americano compre un ETF de Bitcoin y que ese mismo estado decida custodiar Bitcoin directamente. La primera es una decisión de inversión. La segunda es una decisión de infraestructura estatal. Texas acaba de hacer la segunda.
El 28 de mayo, el contralor interino de Texas, Kelly Hancock, anunció la designación formal de los miembros del Texas Strategic Bitcoin Reserve Advisory Committee y la apertura de un proceso de licitación para contratar una firma que proporcione servicios de custodia y liquidez para los activos digitales del estado. El movimiento confirma que Texas no está construyendo una posición financiera temporal en Bitcoin, está construyendo la infraestructura institucional para mantenerlo de forma permanente.
El monto inicial es de $10 millones, pequeño en términos absolutos pero enorme en términos de precedente. Texas es el segundo estado más grande de EE. UU. por PIB, el corazón de la industria energética americana y uno de los centros de minería de Bitcoin más importantes del mundo. Lo que Texas hace con Bitcoin, otros estados lo observan.
De IBIT a custodia directa, lo que ese cambio significa.
Texas utilizó inicialmente el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock como mecanismo interino para mantener exposición a Bitcoin mientras preparaba la infraestructura definitiva. El ETF resolvió un problema inmediato, permitir exposición financiera a BTC dentro de los marcos de inversión existentes para fondos públicos, pero nunca fue el destino final.
La diferencia entre ambos modelos es estructural y no meramente técnica. Cuando un estado tiene IBIT, tiene exposición al precio de Bitcoin a través de un vehículo financiero donde BlackRock custodia el activo subyacente, administra las claves privadas y reporta las tenencias. El estado es accionista del fondo, no propietario del Bitcoin.
Cuando un estado custodia Bitcoin directamente, es propietario del activo. Controla (o contrata quien controle) las claves privadas. Define sus propias políticas de seguridad, auditoría, autorización de movimientos y reporte público. Es una diferencia equivalente a la que existe entre tener acciones de una empresa minera de oro y tener lingotes en una bóveda.
El proceso de licitación que Texas abrió esta semana es precisamente para construir esa bóveda. La firma seleccionada deberá adquirir, mantener, gestionar y reportar las tenencias estatales de Bitcoin con seguridad de grado institucional, gestión de claves criptográficas, controles operativos adecuados para una entidad pública, y la construcción de un sitio web donde los ciudadanos puedan ver en tiempo real qué tiene el estado y cuánto vale.
El contrato incluye además un plan de transición para mover las tenencias existentes en IBIT hacia Bitcoin custodiado directamente en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo.
Objetivo de la reserva.
Texas busca construir una reserva estatal capaz de:
- comprar Bitcoin y activos digitales autorizados,
- almacenarlos con seguridad institucional,
- moverlos y administrarlos de forma eficiente,
- convertirlos en liquidez cuando sea necesario.
La estructura deberá permitir:
- recepción segura de activos,
- custodia directa de Bitcoin,
- transferencias y retiros,
- intercambio y liquidación de activos digitales.
El plan del estado es pasar de exposición vía ETF a tenencia directa de BTC mediante infraestructura institucional.
Para ello, la Trust Company podrá contratar empresas externas especializadas en:
- custodia,
- gestión operativa,
- administración,
- provisión de liquidez.
Incluyendo:
- custodios regulados con almacenamiento en frío (“cold storage”),
- proveedores institucionales de liquidez para operar Bitcoin.
El comité que supervisará la reserva.
Los cuatro expertos que Hancock designó para el comité asesor revelan con precisión cómo Texas está pensando los riesgos de esta operación.
Laurie Dotter aporta la credencial institucional más pesada, más de 35 años de experiencia en inversión y gobernanza de fondos públicos, presidenta del Investment Advisory Board del Sistema de Retiro de Empleados de Texas. Su presencia señala que esta reserva será administrada con los mismos estándares fiduciarios que los fondos de pensión del estado, no como una apuesta especulativa.
Jamie McAvity, fundador y CEO de Cormint Data Systems, es el minero de Bitcoin. Su empresa opera una instalación de 130 megavatios en Fort Stockton con rankings repetidos de eficiencia energética. McAvity es adoptante temprano de Bitcoin y experto en la relación entre mining, energía y mercados de commodities, exactamente el conocimiento necesario para entender los fundamentos de la red que Texas está comprando, no solo su precio.
Carla Reyes, profesora de derecho en SMU y miembro del Innovation Advisory Committee de la CFTC, aporta la dimensión legal y regulatoria. Para una reserva estatal de Bitcoin, las preguntas jurídicas son tan importantes como las técnicas, quién tiene responsabilidad fiduciaria, cómo se clasifica el activo contablemente, qué divulgaciones son obligatorias, cómo interactúa con la legislación federal en evolución.
Gary Vecchiarelli, presidente y CFO de CleanSpark, es la experiencia en finanzas corporativas cripto. Construyó el programa de gestión de activos digitales de una empresa minera pública cotizada, mesa de trading institucional, estrategias de rendimiento, facilidades de préstamo, políticas de gobernanza para transacciones en Bitcoin. Es la persona que sabe cómo opera Bitcoin a escala institucional desde adentro.
La combinación no es accidental. Cubre los cuatro vectores de riesgo que una reserva pública de Bitcoin enfrenta: volatilidad de mercado e inversión, seguridad técnica y custodia, cumplimiento legal y regulatorio, y operaciones corporativas de activos digitales.
El marco legal que lo hace posible.
El Senate Bill 21, aprobado por la 89ª Legislatura de Texas y firmado en 2025, es el documento que da existencia legal a todo esto. Vale la pena leerlo con atención porque sus decisiones de diseño son más sofisticadas de lo que el titular sugiere.
La ley establece la reserva como un fondo especial fuera del Tesoro estatal, una decisión deliberada que la aísla de los mecanismos ordinarios de apropiación y gasto. El contralor tiene custodia y administración, pero no puede transferir dinero de vuelta al Tesoro sin autorización legislativa explícita. Esto protege la reserva de ser liquidada por presiones políticas o necesidades presupuestarias de corto plazo.
La ley incluye además un requisito de capitalización de mercado mínima de $500 mil millones promediados en los últimos 12 meses para cualquier criptoactivo que la reserva compre. En la práctica, solo Bitcoin cumple hoy ese requisito de forma consistente. Es una forma de escribir “solo Bitcoin” en el texto legal sin decirlo explícitamente, dejando la puerta abierta a otros activos si el mercado evoluciona, pero estableciendo un umbral que hoy los elimina a todos.
El marco legal también contempla forks y airdrops. Si la red de Bitcoin sufre un fork que crea una nueva criptomoneda, Texas la recibiría automáticamente en su wallet. Si ocurre un airdrop hacia las direcciones de la reserva, esos activos también quedarían bajo su custodia. Son detalles técnicos, pero revelan que quien redactó la ley entiende cómo funciona la red en profundidad.
El contexto federal Texas no actúa solo.
La reserva estratégica de Bitcoin de Texas no opera en el vacío. En marzo de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva que estableció la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. y el Stockpile de Activos Digitales del gobierno federal, capitalizados inicialmente con Bitcoin confiscado en procedimientos criminales y civiles. El gobierno federal instruyó al Tesoro a no vender ese Bitcoin y a mantenerlo como activo de reserva.
La semana pasada, Trump firmó otra orden ejecutiva instruyendo a los reguladores financieros federales a revisar sus marcos para facilitar la integración de activos digitales en el sistema financiero tradicional, incluyendo una petición específica a la Fed para evaluar el acceso de empresas crypto a sus rieles de pago.
Y el 14 de mayo, la CLARITY Act salió del Comité Bancario del Senado con 15 votos a favor, avanzando hacia el pleno con el marco regulatorio más comprehensivo para activos digitales en la historia americana.
Texas está construyendo su reserva estatal exactamente en el momento en que el gobierno federal construye la suya y el Congreso define las reglas del sistema. No es coincidencia, es coordinación de facto entre niveles de gobierno que comparten la misma visión estratégica sobre Bitcoin como activo de reserva soberano.
El experimento que otros estados observan.
Texas no es el único estado con legislación de reserva Bitcoin activa. Pero es el que tiene la masa crítica de industria energética, infraestructura minera y tamaño económico para que su modelo sea replicable.
La decisión de pasar de un ETF a custodia directa, de construir un comité asesor con perfiles institucionales serios, y de crear un proceso de licitación transparente con sitio web público de reporte, son decisiones de gobernanza que otros estados mirarán cuando quieran implementar sus propias reservas.
La pregunta que Texas está respondiendo con esta infraestructura no es si Bitcoin vale la pena como activo de reserva. Esa pregunta ya fue respondida por la legislatura cuando aprobó el SB 21. La pregunta que Texas está respondiendo ahora es más profunda y más importante: ¿cómo se custodia, gobierna y reporta Bitcoin cuando el custodio es el Estado?
No hay un manual establecido para eso. Texas está escribiéndolo en tiempo real, con $10 millones como capital inicial y el escrutinio de otros 49 estados y varios países, observando cada decisión.
Para el mercado Bitcoin, eso vale mucho más que los $10 millones en el balance.
Fuente: CoinTelegraph, txsmartbuy.gov, comptroller.texas.gov
