Publicado el 5 noviembre, 2025 por Mariana Flores
Los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, se enfrentan a una agresiva ofensiva de la fiscalía estadounidense, que ha solicitado la pena máxima de cinco años de prisión por su declaración de culpabilidad en cargos de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El caso, que se perfila como uno de los procesamientos más contundentes del gobierno contra desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha, tiene implicaciones profundas para el futuro de la privacidad digital y la innovación blockchain.
El Foco de la Disputa: Herramientas de Privacidad Bajo Sospecha.
Lanzada en 2015, Samourai Wallet fue diseñada con el objetivo declarado de mejorar la privacidad financiera de los usuarios de Bitcoin al romper los rastros de las transacciones en la blockchain. La defensa de los fundadores se apoya en que la wallet era no custodial, lo que significa que los desarrolladores nunca tuvieron control o custodia de los fondos de los usuarios.
Sin embargo, los fiscales alegan que las características de privacidad —particularmente Whirlpool (la herramienta de mezcla de monedas o coin mixing) y Ricochet— fueron diseñadas deliberadamente para ocultar el origen de transacciones ilícitas.
- La Acusación: El memorando de sentencia federal sostiene que los desarrolladores no fueron “meros espectadores”, sino que crearon un servicio que procesó al menos $237 millones vinculados a actividades criminales, incluyendo narcotráfico, darknet y fraude.
- Intención Criminal: La fiscalía citó comunicaciones internas, incluido un chat de 2018 donde Rodriguez supuestamente defendió la mezcla de monedas como “lavado de dinero con BITCOIN”, para demostrar que los desarrolladores invitaron y alentaron a delincuentes a usar su plataforma.
La Batalla de la Defensa: Código, Privacidad y Conciencia Legal.
Rodriguez y Hill se declararon culpables de los cargos de conspiración, evitando así cargos más graves, pero ahora luchan por evitar la pena máxima. Su argumento central es la intención de promover la privacidad, no el crimen:
- Libertad Digital: Ambos fundadores afirman que buscaban que Bitcoin funcionara como “efectivo digital” para garantizar la independencia personal y la resistencia a la vigilancia gubernamental, en línea con la tradición cypherpunk.
- Asesoramiento Legal: Rodriguez señaló que buscaron y siguieron asesoramiento legal que les indicó que sus operaciones, al no custodiar fondos, eran conformes a la ley.
La Polémica de los Datos y el Precedente.
Un elemento que los fiscales usan en su contra es la alegación de que los desarrolladores conservaron datos técnicos (“XPUB”) que les permitían rastrear y “demezclar” algunas transacciones, contradiciendo su mensaje de privacidad total. Aunque Hill ha negado esta caracterización, explicando que el dato era necesario solo para calcular saldos de ciertos usuarios, la fiscalía lo utiliza para socavar su defensa.
Este caso, junto con el de Roman Storm (Tornado Cash), representa un esfuerzo por establecer límites legales estrictos sobre las herramientas de privacidad criptográfica. La sentencia final, programada para principios de noviembre, no solo definirá el destino de los fundadores, sino que establecerá un precedente legal crucial sobre la criminalización del código de software y los límites de la privacidad financiera en la era digital.
Fuente: Cryptopolitan
