Publicado el 2 diciembre, 2025 por Mariana Flores
El 26 de noviembre de 2025, el gobierno británico publicó una ley decisiva que amplía el alcance del Cryptoasset Reporting Framework (CARF): a partir del 1 de enero de 2026, los proveedores de servicios de criptoactivos basados en el Reino Unido (RCASPs) deberán recopilar y reportar información fiscal sobre todos sus clientes residentes en Reino Unido — no solo sobre los usuarios extranjeros, como hasta ahora.
Hasta ahora, bajo la implementación original del CARF conforme a los estándares de la OCDE, los exchanges británicos solo estaban obligados a reportar operaciones referentes a clientes no residentes (usuarios extranjeros). Con el cambio, cualquier británico que utilice un exchange u otro proveedor de servicios cripto tendrá su actividad registrada automáticamente en una base de datos accesible para HMRC (la autoridad fiscal británica).
¿Qué implica esta medida para usuarios, exchanges y el ecosistema cripto?
Qué se reportará y cómo
- Los RCASPs tendrán que recopilar información clave de sus clientes —nombre, domicilio, número de identificación fiscal, datos de transacciones, tipo de criptoactivos, cantidad, valor, tipo de operación, etc.— para todos los usuarios residentes en el Reino Unido o con controladores residentes.
- Estos datos se enviarán anualmente a HMRC mediante un formato estandarizado (XML) desarrollado conforme al protocolo CARF. El primer informe se presentará antes del 31 de mayo de 2027, cubriendo las transacciones realizadas durante 2026.
Objetivos oficiales: más transparencia fiscal.
El gobierno británico justifica la medida como un paso necesario para evitar que los criptoactivos erosionen la eficacia del estándar de intercambio de información financiera existente, el Common Reporting Standard (CRS). El CARF amplía ese marco para incluir criptoactivos, garantizando que los ingresos, ganancias y movimientos en cripto también queden rastreados fiscalmente.
Con la nueva norma, HMRC podrá acceder a datos estructurados (usuarios + transacciones) sobre todos los británicos que usan cripto, lo que dará mayor capacidad para detectar evasión fiscal, lavado de dinero o elusión de impuestos.
A quién afecta, y qué cambios deberán hacer los exchanges.
- Se calcula que unos 50 negocios en el Reino Unido —exchanges, custodios, plataformas cripto — tendrán obligaciones adicionales.
- En la práctica, muchas de esas empresas ya están adaptando sus sistemas para cumplir con CARF, por lo que los cambios incrementales —añadir datos sobre residentes británicos— no deberían implicar un costo significativo.
- Para los usuarios individuales, la obligación de reporte recae sobre el proveedor (el exchange o custodio), no sobre el usuario. Por tanto, el proceso para el usuario queda prácticamente transparente — aunque esto marca una reducción clara del anonimato.
Calendario e implicaciones prácticas.
- Entrada en vigor: 1 de enero de 2026, tras la sanción real de la Finance Bill 2025-26.
- Primero informe anual: debe entregarse antes del 31 de mayo de 2027, cubriendo operaciones del año calendario 2026.
- Las plataformas deben integrar sistemas de “due diligence” y gestión de datos que cumplan con los requisitos del CARF, incluyendo almacenamiento seguro y reportes estandarizados.
Qué significa esto para el futuro del cripto en el Reino Unido?
La incorporación de los residentes británicos al alcance del CARF representa un paso clave hacia la regulación formal de las criptomonedas dentro del sistema tributario del país. Algunos efectos relevantes:
- Menor anonimato: incluso operaciones “privadas” en exchanges británicos quedarán registradas, limitando el uso de cripto para prácticas de evasión.
- Mayor seguridad jurídica y fiscal: para los inversores serios, la medida puede aportar claridad sobre obligaciones tributarias de ganancias de capital, ingresos por staking, minería o airdrops.
- Carga operativa para exchanges y proveedores cripto: aunque el impacto económico para el erario se considera “insignificante”, para las empresas supone una adaptación técnica, de procesos y documentación.
- Potencial desincentivo para servicios offshore: los usuarios británicos probablemente buscarán usar exchanges legales y regulados para evitar problemas.
En suma, el CARF —y su extensión a clientes domésticos— marca un punto de inflexión: las cripto ya no podrán operar en una zona gris fiscal, sino bajo reglas claras de transparencia y rendición de cuentas.
Fuente: Gov.uk
